Caja Forense informa que a raíz de una propuesta de la institución al Gobierno de La Pampa se redujeron la Tasa Especial de la Justicia y los aportes y contribuciones a la Caja en los trámites de disolución de la comunidad de bienes, lo que promoverá que una mayor cantidad de trámites sean realizados por las y los profesionales, redundando en mayores honorarios y aportes a sus cuentas previsionales.
De esta manera, la Tasa Especial se redujo del 2% al 8%o (8 por mil) y las cargas previsionales del 1,6% al 6%o (6 por mil).
Estas modificaciones legislativas fueron incorporadas en la Ley Impositiva 2023 (arts. 58 y 59 de la Ley 3510) y en la Ley de Presupuesto (arts. 30, 31 y 32 de la Ley 3511), respectivamente.
De acuerdo con las razones expuestas por las y los afiliados, los porcentajes anteriores en los trámites de disolución de la comunidad de bienes llevaban a que estos se efectuaran de manera extrajudicial ante la diferencia de “costos” que había entre hacerlo de esta manera (1% del valor de bienes en concepto de Impuesto de Sellos) o en el mismo expediente judicial.
Esta situación traía aparejado una importante disminución en los honorarios de las y los afiliados y su consecuente impacto en los aportes de sus cuentas previsionales y, por lo tanto, en los recursos de este régimen previsional.
De acuerdo a los datos relevados por Caja Forense, ante la inquietud planteada por afiliados/as, los juicios de divorcio iniciados desde el año 2010 hasta el 30 de septiembre de 2022 fueron en La Pampa 4.411 y, en el mismo lapso, sólo se han efectuado determinaciones de aportes y contribuciones en 1.279 casos de disoluciones de la comunidad de ganancias, es decir sólo en el 29%.
La efectividad e impacto de esta reforma legislativa, gestionada en favor de las y los afiliadas/os, serán monitoreadas por el Poder Ejecutivo durante los próximos dos años. Su permanencia en el tiempo dependerá en gran medida en que los trámites de disolución de la comunidad de bienes se efectúen en el propio expediente judicial. Cabe señalar que tanto el Estado Provincial como la Caja Forense están resignando parte de sus recursos impositivos y previsionales.
